Luego de que la iniciativa privada exigió y presionó al Congreso para aprobar las leyes anticorrupción, el Senado reviró con un ajuste legal que obliga a los empresarios a presentar su declaración 3 de 3 como si fueran servidores públicos.
En una reserva de último momento, introducida la madrugada de ayer, los legisladores impusieron esa nueva obligación a las personas físicas y morales cuando firmen contratos para obras o servicios con el sector público.
«Están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración de situación patrimonial y de intereses ante las secretarías u órganos internos de control cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación», se indica en el Artículo 32 de la Ley de Responsabilidades.
«(También declararán) las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior. Asimismo deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación en la materia».
En el Artículo 73 se considera como falta que los particulares no presenten sus declaraciones o falseen información con la finalidad de ocultar el incremento de su patrimonio o el disfrute de bienes y servicios sin justificación.
En el Artículo 81 se adicionó que las sanciones impuestas a una empresa también serán aplicables a las personas morales con las que tenga identidad mayoritaria de accionistas.
Miguel Barbosa, coordinador de los perredistas, aseguró que la propuesta fue fraguada por la bancada del tricolor.
«Lo hizo el PRI, y claro que es una reacción del PRI, de la clase política del PRI al sector privado para que entren dentro de las cuerdas del poder», señaló.
El también perredista Zoé Robledo consideró que la nueva obligación a los empresarios es casi una amenaza.
«Es un mensaje político del PRI para decirles: ‘Bájenle'», expresó.
«Es un mensaje grotesco como para decirles: ‘Son parte de esto. No se hagan. Y vamos por ustedes'».
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, afirmó ayer que la medida de legisladores es una «ocurrencia de madrugada» que haría inviable la Ley 3de3.
Señaló que a los empresarios no les asusta rendir cuentas; sin embargo, también advirtió que no se les puede dar el mismo trato que a los funcionarios, quienes manejan recursos públicos de manera cotidiana.
