El Grupo de Coordinación Puebla Segura informó que llegarán a la Entidad dos mil elementos más de la Policía Militar, para sumarse a los operativos contra la delincuencia organizada en la zona conocida como Triángulo Rojo.
Indicaron van a continuar los trabajos de coordinación entre los tres niveles de Gobierno frente al robo de combustible en la Entidad, por lo que reforzarán los operativos contra la ordeña, trasiego y venta ilegal de hidrocarburo.
Reiteró que no se detendrá el combate contra quienes ponen en riesgo a sociedades regionales y afectan el patrimonio nacional, por lo que los operativos continuarán desarrollándose con pleno respeto a los derechos humanos y procedimientos legales.
Detalló que en la primer semana de mayo realizaron 25 operativos que permitieron el decomiso de 75 mil 191 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita, y hasta el momento suman dos millones 64 mil 267 litros en lo que va del año.
También se aseguraron 41 vehículos, 11 tomas clandestinas y se detuvieron a 14 presuntos delincuentes, de los que la Fiscalía General del Estado.
El Grupo de Coordinación Puebla Segura exhortó a la población a denunciar la extracción, almacenamiento y venta de combustibles de dudosa procedencia.
Por su parte, la coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, aseguró que la tragedia ocurrida en Puebla por el robo de combustible, que cobró la vida de 10 personas, confirma la precariedad de Pemex para la vigilancia de sus ductos que se ha denunciado en ocasiones anteriores y no ha habido resultados en las investigaciones.
Padierna Luna recordó que en el reporte financiero de Pemex se informa que en 2016 en coordinación con la Secretaría de la Marina, la Secretaría de la Defensa y otras autoridades gubernamentales patrullaron un total de 10.4 millones de kilómetros para inspeccionar las instalaciones y derechos de vía de la empresa.
Mientras, el Partido Acción Nacional señaló que el fortalecimiento de los grupos criminales denominados “huachicolores” se debe a la corrupción e impunidad que impera en el país, y de lo cual es responsable el Gobierno federal.
El presidente nacional del partido, Ricardo Anaya, asentó que la ordeña y venta de gasolina es “un negocio ilegal” de tantos millones de pesos, que indudablemente representa intereses no sólo para los que ordeñan, sino para quienes permiten que se siga cometiendo el delito.
