Sólo siete de los 32 estados del país cuentan con una legislación para atender la violencia escolar y el bullying, según el documento Diagnósticos Conjuntos: diálogos por la justicia cotidiana, difundido recién por académicos y representantes de diversas instituciones y organizaciones implicadas en el problema.
Se trata de la Ciudad de México, Veracruz, Nayarit, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California y Puebla. Sin embargo, en la mayoría persiste la falta de lineamientos eficaces para frenar el número de casos.
Tras un análisis de los expertos participantes en el diagnóstico, se concluyó que las leyes elaboradas hasta ahora “no tienen como eje central el interés superior del menor ni una perspectiva de respeto a sus derechos humanos sino que buscan criminalizarlos y estigmatizarlos con soluciones simplistas e irrespetuosas”.
En tres entidades se han establecido sanciones a estudiantes que cometan actos violentos: en Nuevo León el alumno es obligado a asistir a cursos y talleres o participar en actividades de apoyo escolar y servicio social.
Pero en Veracruz y Baja California se instituyeron suspensiones, tratamientos psicológicos, expulsiones y transferencias a otras escuelas. Ya en el extremo, el artículo 367 del Código Penal veracruzano contempla de seis meses a tres años de prisión y multa de hasta trescientos días de salario mínimo a quien dañe la autoestima de los estudiantes o su integridad física y psicológica.
