El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuvaron en investigar la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa presentaron su informe final en el que acusan al gobierno de México de obstaculizar su trabajo y cuestionan el papel de las fuerzas federales en la tragedia, además acusaron que alguien está mintiendo en la investigación y no son los normalistas.
Ángela María Buitrago indicó que la línea de investigación del quinto autobús es clave, debido a que no se puede cerrar y acusó que el automotor que se le presentó a su perito canadiense no corresponde al que estuvo tomado esa noche en Guerrero. Por lo que indicó que alguien en la investigación está mintiendo, y afirmó que no son los normalistas. Buitrago agregó que el GIEI solicitó apoyo al FBI para investigar las pruebas del quinto autobús.
Claudia Paz y Paz indicó que los militares de la zona estuvieron enterados de todo lo ocurrido esa noche y no actuaron, es por eso que tenía interés en entrevistarlos, cuestión que no fue posible. Según la experta hay contradicciones en lo declarado por los soldados que fueron testigos directos.
Paz y Paz indicó que a partir de enero la actitud de colaboración de las autoridades con el GIEI cambió, sus solicitudes eran rechazadas y sólo se cumplieron el 50%. Hace una semana, en cinco días tomaron 65 declaraciones, información que solicitaron desde agosto del 2015 y que ya no pudo entrar en el informe final.
El experto Francisco Cox acusó que la PGR encontró 42 casquillos juntos en Cocula sin presencia de los expertos, cuestión que era compromiso entre ambas partes que no se podían realizar peritajes sin presencia de una de las partes.
También acusó que uno de los detenidos denominado «El Gil» tenía el tímpano roto, afectación que pudo ser provocada por uno de los métodos de tortura más usados en América Latina denominado «el teléfono».
Carlos Beristáin destacó la impotancia del trabajo en la atención a las víctimas, a las familias afectadas. El experto indicó que se debe deferenciar entre el reconocimiento y la reparación del daño. Acusó la estigmatización que se dio en contra de Julio César Mondragón, víctima mortal del ataque. Además indicó que hay indicios de que existió tortura contra los detenidos por el caso.
El GIEI acusó por medio de imágenes y videos proporcionadas por fotoperiodistas que hubo irregularidades en las diligencias oficiales que se llevaron a cabo en el basurero de Cocula. Cuestión que pone en duda la versión de la PGR.
