El Senado de Brasil aprobó la madrugada del jueves el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, lo que implica la suspensión de su cargo durante seis meses, un hecho sin precedentes que se convierte en un golpe a la democracia brasileña debido a que la mandataria es acusada sin pruebas.
Tras una maratónica sesión, la aprobación se dio con 55 votos a favor y 22 en contra de los 81 miembros del cuerpo colegiado, lo que significa que por mayoría simple se tomó la decisión. Cada senador tuvo 10 minutos para ejercer su derecho de palabra y ejercer su voto. La sesión comenzó el miércoles y se prolongó hasta la madrugada de este jueves cuando ya la mayoría de los senadores se había mostrado favorable a proceso.
El abogado defensor de Rousseff, declaró a Telesur que «este juicio político no se justifica». «La defensa de Dilma Rousseff afirma que no hay crimen de responsabilidad contra la mandataria», dijo. Asimismo, manifestó que el informe presentado por el relator del impeachment «justifica una intención política para inhabilitar a la presidenta (…) quiere construirse una fantasía retórica para destruir a una presidenta legítima». «Hay un golpe con derecho a la defensa», indicó.
A partir de ahora, queda a cargo del país el vicepresidente Michel Temer, uno de los impulsores, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del juicio político contra Rousseff.
Si durante el juicio, que iniciará a mediados de mayo, se le considera inocente, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, podrá retomar sus funciones con pleno derecho y total normalidad.
Este sería el segundo juicio de destitución en Brasil desde el fin del régimen militar (1964-85). El primero le costó el cargo al presidente liberal Fernando Collor en 1992.
La mandataria dará un mensaje a la nación este jueves antes de dejar el Palacio del Planalto (sede del gobierno) y se dirigirá al Palacio de Alvorada, la residencia oficial, desde donde preparará su defensa.
