Agentes de la Policía Federal en coordinación con la Procuraduría capitalina lograron la detención de siete personas integrantes de una red de trata de mujeres a quienes supuestamente obligaban a prostituirse en la zona centro de la metrópoli.
Con la operación se logró el rescate de 22 mujeres, quienes aseguraron que de las ganancias de la explotación sexual, sólo recibían un porcentaje mínimo.
Como parte del trabajo conjunto de las autoridades, se aseguraron también tres inmuebles sobre los cuales se va a solicitar la extinción de dominio.
A través de una denuncia anónima atendida por elementos de la Policía Federal, se obtuvo información de tres establecimientos donde mujeres, procedentes de distintos estados y de diferentes edades, eran obligadas a ejercer la prostitución.
Labores de investigación y de campo permitieron ubicar y llevar al cabo una operación en un bar de avenida Fray Servando y Teresa de Mier, donde fueron rescatadas 14 mujeres, todas mayores de edad, que habían sido contratadas como meseras con la condición de vestir ropa diminuta para llamar la atención, y sentarse con los clientes, dejarse tocar e incitarlos a beber excesivamente.
Según el modus operandi de esta red, cuando las agraviadas bebían con los comensales recibían un porcentaje del pago de consumo, pero si eran requeridas para tener sexo, los clientes pagaban al bar la salida y, previo acuerdo, el sexo-servicio. Cansadas de esta situación y de recibir lo mínimo por el “servicio”, las mujeres reconocieron que eran explotadas por sus patrones a quienes identificaron como: Morgan Amadeus Gutiérrez Dávila, responsable de la seguridad de uno de los bares; Lesly Hernández Cruz, encargada de un bar de la zona centro; Nancy García Torres, encargada de la barra; Víctor Félix Hernández Flores, encargado de acceso principal; Héctor Hernández Buitrón, encargado y dueño; Beatriz Martínez Martínez, mesera; y Marina Moreno Cuate, encargada.
También se realizaron operaciones en un establecimiento mercantil, ubicado en la calle San Miguel, donde se encontraban cuatro víctimas, y en un negocio de la calle Topacio, que permitió recuperar a igual número de mujeres que eran explotadas con el mismo modus operandi.
Como parte de las diligencias ministeriales, la fiscalía aseguró los tres inmuebles que serán propuestos para la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio; recabó declaración a las víctimas, quienes previo reconocimiento en la cámara de Gessel formalizaron la denuncia y se ejerció acción penal contra los siete imputados.
Los hombres fueron consignados al Reclusorio Preventivo Norte y las mujeres al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, a disposición del Juez Penal en turno, como probables responsables del delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual por prostitución ajena.
Tras los operativos, las 22 mujeres recibieron apoyo psicológico, médico y orientación jurídica, el dictamen de psicología forense determinó afectación y alto grado de vulnerabilidad, por lo cual la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad intervino para brindarles apoyo integral.
