Los integrantes del Pleno Legislativo, solicitaron fortalecer e implementar programas y acciones que atiendan las necesidades de los internos en los Centros de Ejecución de Sanciones de Tamaulipas, así como la gestión de recursos para su reinserción y modernización de las instalaciones penitenciarias.
En el marco de la sesión ordinaria de este martes, se aprobó el dictamen por el cual se exhorta al Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la de Finanzas, gestionen con las autoridades federales, recursos en favor de la reinserción de los internos, a fin de contribuir al mejoramiento de la seguridad pública en el Estado.
La Diputada Guadalupe Biasi Serrano, mencionó que el exhorto se dirige también a la Secretaría de Gobernación para que mediante la de Hacienda y Crédito Público, se destinen los recursos presupuestarios necesarios para lograr la modernización de los Centros Penitenciarios en el Estado, y de manera particular, se dé prioridad a la conclusión del Centro Federal de Readaptación Social, ubicado en Ciudad Victoria.
Al desahogar el dictamen correspondiente, el Diputado Glafiro Salinas Mendiola, resaltó la importancia de exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, a fortalecer e implementar con visión de género y respeto a los derechos humanos, políticas públicas, programas y acciones que atiendan las necesidades de las internas e internos en los CEDES.
Lo anterior, para garantizar que se respeten sus garantías individuales y logren una mejor reincorporación a la sociedad, agilizando la resolución de los expedientes rezagados, tratándose de personas consideradas como presos por delitos no graves, señaló el legislador.
En su intervención, el Diputado Rafael González Benavides, a nombre de su bancada y de la legisladora Susana Hernández Flores, promovente de esta acción legislativa, resaltó que se está avanzando en el fortalecimiento de los derechos de las personas privadas de su libertad.
Dijo que resulta oportuno e idóneo implementar esquemas y políticas públicas que contribuyan a una justicia pronta y expedita, sobre todo al alcance de los que no cuentan con recursos económicos, como es el caso de muchos reclusos.
