La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó la operación de 10 cárceles ubicadas en municipios de cuatro estados del país.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, esos penales no garantizan la integridad de mujeres y hombres; una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; la reinserción; o no cuentan con instalaciones con requerimientos específicos.
Y en una escala del 1 al 10, los centros de reclusión obtuvieron una evaluación que va de 0.08 al 3. El diagnóstico de la CNDH ubica a la cárcel pública municipal de San Blas, Nayarit, como la peor del país.
Le siguen las prisiones de Rosamorada y Acaponeta, también en ese estado; las cárceles distritales de Tizayuca y de Zacualtipán, Hidalgo; el Reclusorio Preventivo Municipal de Cihuatlán, Jalisco; la distrital de Zimapán y de Atotonilco El Grande, ambas en Hidalgo; la cárcel municipal de Tuxpan, Nayarit, y la cárcel distrital de Bochil, Chiapas.
Nueve de ellas presentan problemas de hacinamiento, destacando las cárceles distritales de Zacualtipán, con 263% de sobrepoblación; y la de Tizayuca, ambas en Hidalgo, donde se presenta una sobrepoblación de 208%. Además, carecen de separación entre hombres y mujeres.
Según la CNDH, los Centros Federales de Readaptación Social Aserradero y Morelos, ubicados en las Islas Marías, son las mejores prisiones evaluadas.
