El secretario general de la organización Amnistía Internacional (AI), Salil Shetty, solicitó al Presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior.
Mediante una carta abierta, Shetty le recordó a Peña Nieto que se reunió con él al final del primer año de su Mandato, y desde entonces le advirtió de la crisis de derechos humanos que enfrentaba el País y el impacto que tenían el desempeño de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Amnistía Internacional ha hecho un pormenorizado análisis de la ley y ha constatado que es contraria a las obligaciones del País bajo el derecho internacional», advirtió.
«Nos preocupa enormemente que su implementación, sin duda alguna, no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas», así lo informó Periódico AM.
La Ley de Seguridad Interior fue aprobada por el Congreso el viernes pasado, y turnada al Presidente para su promulgación.
Desde entonces, distintas voces como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), le han pedido a Peña Nieto frenar la ley.
El secretario general de AI se unió ahora a esas voces, reiterando algunas fallas de la ley, como la falta de mecanismos de supervisión y la opacidad que se generaría al mantener la información como reservada.
«Bajo la vaga e indeterminada frase ‘seguridad interior’, la ley no hace más que esconder un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública», reprocha Shetty.
«De ser promulgada, la ley violaría el derecho a la privacidad, y debilitaría enormemente a los órganos autónomos, tales como la CNDH, el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al obligarles a entregar cualquier información que requieran las Fuerzas Armadas, sin control judicial».
Shetty también lamenta que el Senado no haya atendido el llamado que el propio Peña Nieto les hizo para ampliar el debate sobre la ley.
«Presidente Peña Nieto, ahora que tiene en sus manos esta ley, tiene la oportunidad de rectificar las graves fallas en esta legislación y asegurar el respeto y protección de los derechos humanos en México.
«En lugar de esta ley, México necesita un proceso que lleve al retiro de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y a desarrollar fuerzas policiacas civiles con recursos suficientes», aseveró.
