Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron un punto de acuerdo donde se exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la presunta participación de familiares de la Alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, en la comisión de trata de personas y cobro de cuotas en diversos inmuebles ubicados en la zona de tolerancia conocida como “Disneylandia”, a fin de que se esclarezcan los hechos y se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.
Esto surge ya que a finales de diciembre del año 2017, en diversos medios de comunicación se dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas inició una investigación por el presunto delito de trata de personas en inmuebles ubicados en la zona de tolerancia del municipio de Reynosa y que uno de dichos establecimientos es copropiedad de Carlos Luis Peña Garza, esposo de la Alcaldesa.
Por su parte, la Procuraduría Estatal señaló que la investigación se dio a partir de una denuncia pública en la cual se estableció la comisión de diversas irregularidades y probables delitos dentro de los inmuebles ubicados en la zona conocida como “Disneylandia” y que al menos uno es copropiedad del esposo de la Alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas. Asimismo, explicó que debido a la naturaleza de las conductas ilícitas, correspondería la intervención de las autoridades estatales y federales, sin que las últimas hubiesen sido notificadas.
Por último, precisó que se tiene conocimiento de que la propiedad corresponde a una donación realizada en el año 2012 en favor del cónyuge de la Alcaldesa y a dos de sus cuñados, destacando que la regulación administrativa y de vigilancia sanitaria en la zona de tolerancia le corresponde a una función municipal, es decir, a Maki Esther Ortíz Domínguez, quien en fecha posterior negó la responsabilidad de su esposo en las imputaciones formuladas.
No obstante, el 25 de enero del año 2018, derivado de una investigación periodística, nuevamente se volvió a señalar que Carlos Luis Peña Garza y su familia sí cobran cuotas en diversos bares y cuartos en los que se ejerce la prostitución. Lo anterior, con base al testimonio de una persona que incluso manifestó haber participado en la entrega del dinero recaudado a la familia de la presidenta municipal.
Dicho testimonio se contrapone a las declaraciones vertidas por la Alcaldesa de Reynosa, quien había negado que su esposo fuese el administrador del predio referido, y además aseguró que, aunque es de su propiedad, el mismo fue invadido. Sobre el último aspecto, resulta oportuno referir que no existe denuncia por el presunto despojo.
Sin embargo, el testigo aseguró conocer al cónyuge de la Alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, al que manifestó apoyar cobrando rentas en establecimientos ubicados en la zona de tolerancia que se encuentra cerca del límite de la frontera con Estados Unidos, donde existen reiteradas denuncias sobre prostitución infantil, trata de personas, venta de drogas, actividades de los cárteles de las drogas, extorsión y presencia de distintas organizaciones criminales.
Vaya que está nueva investigación hará todavía más difícil la reelección de la Alcaldesa de Reynosa, quien ya traía problemas para que su partido la aceptara como candidata.
