El recurso correspondería a más de 7 mil empleados del IPSSET, cuyas pensiones habrían sido retenidas y por consiguiente afectarían directamente al bolsillo de los beneficiarios.
De acuerdo con el auditor Superior del Estado Jorge Espino Ascanio las indagatorias están enfocadas en funcionarios de la Secretaría de Finanzas de al menos 2 administraciones estatales pasadas, donde gobernaron Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú.
La desaparición ilegal de los fondos millonarios que apunta hacia un quebranto del erario público a lo largo de siete años, del 2010 al 2016, fue detectado inicialmente durante la etapa del proceso de entrega-recepción del equipo del gobierno entrante.
El organismo descentralizado encontró que dentro de los pasivos a corto plazo existía un adeudo al 30 de septiembre del 2016 por la citada suma entre el Gobierno del Estado por conducto de Finanzas y el IPSSET.
Espino Ascanio Adelantó que el dictamen de la investigación lo entregarán a finales de Julio o principios de agosto.
