Este miércoles, el Senado argentino votará un proyecto para despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria de un embarazo que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que el presidente Mauricio Macri ha dicho que firmará si resulta aprobado.
Si el proyecto se convierte en ley, será un hito para toda América Latina, ya que Argentina se convertiría en el tercer país de la región —después de Cuba y Uruguay— en tener una ley que permite abortar a las mujeres en las primeras catorce semanas, sin restricciones específicas y a nivel nacional. Y justamente lo haría en un momento en que los debates sobre la prohibición se han multiplicado en los países de América Latina.
En El Salvador, que tiene una de las leyes más restrictivas del mundo sobre el aborto, la legislación estuvo cerca de ser votada en el Congreso, pero fue retirado de la agenda por aparente falta de tiempo antes del receso legislativo. Chile despenalizó este mismo año la interrupción de un embarazo, aunque solo en casos específicos. Brasil inició el fin de semana pasado un debate público en el poder judicial que podría abrir la puerta a una futura despenalización.
Por estos motivos, el voto argentino ha generado mucha expectativa a nivel regional y global.
Organizaciones de defensa de los derechos de la mujer han organizado jornadas para monitorear el resultado en las principales capitales latinoamericanas, pero también habrá los llamados “pañuelazos” —en honor al pañuelo verde que se ha vuelto símbolo de quienes promueven el aborto legal— en ciudades españolas, así como Londres, Berlín, Sídney, París y Nueva York. También ha habido pronunciamientos públicos y exhortaciones de legisladores de países como Irlanda, que recientemente votó en un referendo para levantar una de las prohibiciones más estrictas del mundo contra este procedimiento.
