Por Gabriela Villalobos.
Un llamado a los legisladores tamaulipecos hicieron abogados y activistas sociales en Altamira para que eleven a delito grave el abuso sexual.
Y es que el estado no lo tiene contemplado como delito grave en el código penal, toda vez que la pena va de 6 a 13 años y el presunto imputado está libre durante el proceso penal.
La abogada Gabriela Ibarra Lozano, señaló que de acuerdo a las estadísticas del Instituto de Medicina Preventiva el 80% de los delitos sexuales en menores de edad son cometidos por familiares o conocidos de la víctima y en el 70% de los casos de esas agresiones sexuales, las menores resultan embarazadas.
Explicó que no es casualidad que en Tamaulipas, en octubre del 2018 se registraron 10 mil 300 embarazos en menores, de los cuales más de 300 fueron de niñas entre 10 y 15 años.
Señaló que en noviembre pasado en Altamira se encendieron los focos rojos al registrarse 54 embarazos de menores entre 10 y 15 años, de acuerdo a la información que les proporcionó el Instituto de Jóvenes de Tamaulipas.
«En Altamira se atendieron tan sólo en noviembre 54 embarazos de niñas de 10 a 15 años en el Hospital Rodolfo Torre Cantu, y se atienden en promedio de 17 a 20 partos por mes de jóvenes de 12 a 19 años, creemos que no es casualidad que estas niñas salgan embarazadas, hay una alta probabilidad de que hayan sido abusadas sexualmente y la familia no haya procedido legalmente contra el agresor «.
Dijo que otra de las causales es que las niñas callan por las amenazas de que son objeto por sus agresores, quienes se valen de cometer estos delitos sexuales sin testigos.
Ibarra Lozano comentó que están uniéndose para recabar firmas de la ciudadanía y presentar la solicitud a los legisladores federales, para que se protejan los derechos de las niñas y los niños que son víctimas de estos delitos.
