Se manifiesta contra Comapa Zona Conurbada; piden cese del gerente general Alejandro Rivera
Gabriela Villalobos
Activistas sociales, dueños de purificadoras y la diputada local suplente panista por el distrito 22, Ayde Contreras exigieron este viernes la renuncia del gerente general de Comapa Zona Conurbada, Alejandro Rivera Schotte por su incompetencia para esta al frente del organismo.
Señalaron que la molestia es por los altos cobros en los recibos del agua y los abusos que se están cometiendo contra la ciudadanía, propietarios de negocios y Asociaciones Civiles como «Casa de Rescate Victoria», que albergan a personas con adicciones.
Contreras indicó que tienen más de 30 recibos de agua de personas que se quejan de altos cobros y a quienes para hacer un convenio de pago les exigen 3 mil pesos.
«No queremos que nos regalen el agua, sólo que cobren el precio justo, hay muchas anomalías en Comapa como el hecho de cobrar tres mil pesos por detectarte una fuga y sólo van con un tubo que se ponen en el oído, porque ni equipo especializado tienen para ello».
Dijo que está a la espera de que el gobernador le pida la renuncia a Alejandro Rivera y a Gabriel Guerra, porque en lugar de ayudar a la ciudadanía de Tampico y Madero, están haciendo convenios amañado que empeoran la situación de los ciudadanos.
Asimismo, explicó que los medidores los están vendiendo en más de mil 500 pesos, cuando en Internet los encuentras en menos de 500 pesos.
Por su parte la propietaria de dos purificadoras se quejó de los costos excesivos que les cobraba Comapa, ya que debían pagar en cada recibo 10 mil pesos por concepto de alcantarillado y 15 mil por tratamiento de aguas.
«El negocio de las purificadoras se vino abajo por el problema de la sal, el agua no servía para purificar y tratar el agua salada, llena de minerales nos afectó económicamente nuestro patrimonio porque se nos echaron a perder los equipos».
Dijo que habla más de 20 veces al día para que le den una cita para resolver esta problemática, porque la cifra que debe pagar ya se elevó a 90 mil pesos.
Los quejosos aseguraron que interpondrán denuncias contra estos malos funcionarios.
