Comité de la ONU visitaría Tamaulipas por desapariciones forzadas
Los grupos colectivos que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y organizaciones defensoras de los derechos humanos pidieron al gobierno mexicano cooperar con el Comité.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), conformado por más de 70 colectivos de 22 estados del país y tres países de Centroamérica, pidieron se facilite la información que sea requerida, sin restricción y de forma transparente.
“Más aún, llamamos al gobierno a asumir compromisos claros y precisos, y a cumplir de buena voluntad todas las recomendaciones que el CED emita”.
El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, estará además de la Ciudad de México, en Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas.
Señalaron que en el país hay 94 mil 086 personas desaparecidas o no localizadas, por lo que urgieron a la búsqueda en vida, al poner en evidencia que no existe una coordinación efectiva entre las acciones de búsqueda y los procesos de investigación, así como la participación de las familias en la planeación y ejecución de búsquedas.
“Existen por lo menos 52,004 personas fallecidas sin identificar, la gran mayoría de ellas se encuentran en fosas comunes en cementerios públicos, bajo la responsabilidad de las fiscalías”.
Otro aspecto a destacar es la impunidad en los casos de desaparecidos, la cual supera el 98 por ciento, luego que hay miles de denuncias que no han dado origen a ninguna carpeta de investigación y muchas más no se denuncian por la falta de confianza en las autoridades.
“Sólo existen 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición de personas. Las fiscalías deben asegurar verdaderos mecanismos de rendición de cuentas y participación de las familias en el desarrollo de la investigación, que garanticen el acceso a la justicia”.
Además, han documentado 12 asesinatos a familiares de personas desaparecidas por buscar a sus desaparecidos, y muchas otras han sufrido amenazas e intimidación, por lo que exigieron que el gobierno garantice la seguridad de las víctimas, especialmente a través de una política pública integral de protección..
