ASF detecta irregularidades en compra de equipo médico a nivel nacional
Tras las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la que expusieron que durante el gobierno actual de López Obrador las anomalías representan un total de 63 mil 10 millones de pesos, se han hallado deficiencias en diferentes ámbitos de la economía y la sociedad mexicana, por ejemplo en el caso de la compra de equipo médico alrededor del país.
En el informe de ASF se encontró que el proceso para la compra de material terapéutico fue ilícito pues la Secretaría de Salud no se encargó de verificar la documentación necesaria de las instituciones públicas participantes, asimismo el órgano señaló que no se utilizó el total abastecimiento de bienes terapéuticos.
Las irregularidades presentadas ascienden a un total de un millón 127, 487 pesos en la compra de artículos relacionados con el área de salud en periodo del año 2020, se sabe que no se atendió la totalidad de las necesidades de medicamentos y bienes terapéuticos, esto porque de las 792 cantidades entregadas a los Institutos de Seguridad Pública, solo se licitaron 632, es decir el 80% de la totalidad, y de estas, a su vez, solo 404 fueron obtenidas.
Se identificó ademas que 30 de las instituciones encargadas en la salud pública, por ejemplo el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado(ISSSTE) y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), no había certificación que demostrará que medicamentos y bienes terapéuticos fueran inexistentes, por otro lado en 35 de estas instituciones médicas no se tenia conocimiento sobre las cantidades y el tipo de medicamento requerido.
Asimismo, se encontró que tres licitantes, no contaban con una vigencia actualizada en sus registros, por lo la ASF se apropió de una de las entregas, debido a que la persona participante no contaba con la titularidad del registro sanitario, además siete entregas tambien fueron desechadas por no cumplir con las evaluaciones obligatorias.
En tanto, se detectó que en el caso de Insabi, no entregó una evidencia contundente de la aplicación de penas convencionales de 1 millón 71 000, esto con relación a los contratos para la compra de medicamentos y bienes terapéuticos, por lo que se determinará la aclaración de este asunto con la institución.
