El fiscal Anticorrupción en Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, ha presentado una solicitud a la Fiscalía General de Justicia del Estado para obtener seguridad personal y vehículos blindados. En su argumento, el fiscal afirma encontrarse en una situación de riesgo inminente que podría poner en peligro su integridad física e incluso su vida.
En un escrito dirigido a la institución, Ramírez Castañeda expresó claramente su preocupación: «Es claro que el suscrito está en una situación de peligro y riesgo inminente que podría dañar mi integridad física o incluso privación de la vida, por lo que solicito que se giren las instrucciones respectivas y se me sirva asignar de inmediato el personal necesario (6 escoltas debidamente profesionalizados), vehículo blindado, porte de arma dentro y fuera de mis funciones, y demás medidas de protección pertinentes para garantizar mi vida y seguridad».
El fiscal Anticorrupción también señaló la necesidad de contar con personal adecuado para llevar a cabo su labor. Enfatizó que la Fiscalía General de Justicia del Estado, encabezada por Irving Barrios Mojica, se ha negado a otorgar los recursos humanos necesarios para fortalecer la institución de combate a la corrupción. Según Ramírez Castañeda, a pesar de haber presentado una solicitud en enero de 2022 para asignar agentes del ministerio público a su equipo, solo se les ha asignado dos después de 13 meses de espera.
La seguridad de los funcionarios encargados de combatir la corrupción es crucial para garantizar el correcto desempeño de sus funciones y proteger su integridad personal. Ante el aumento de casos de corrupción en el país, es fundamental que las autoridades competentes brinden el apoyo necesario a aquellos encargados de hacer cumplir la ley y perseguir los actos de corrupción.
Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado no ha emitido un comunicado oficial en respuesta a la solicitud del fiscal Anticorrupción. Se espera que se realicen evaluaciones exhaustivas de riesgo y se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad del funcionario y permitir que desempeñe sus funciones de manera efectiva.
