Un juez federal ha otorgado un amparo al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que asegura la continuidad de su escolta de seguridad y la de su familia hasta el 30 de septiembre de 2028. La sentencia, emitida por el juez Octavo de Distrito en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, dictamina que el retiro previamente decretado de sus escoltas carecía de fundamentación y motivación legal.
La decisión del juez se basa en que el director de Seguridad a Personal e Instalaciones y Edificio Públicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas no logró justificar de manera adecuada por qué se habían retirado los elementos de seguridad asignados a Cabeza de Vaca y a su familia. La sentencia argumenta que el cambio en la asignación de recursos humanos para su protección debió estar respaldado por razones específicas y circunstancias especiales, más allá de simplemente citar «necesidades del servicio».
Cabeza de Vaca había presentado una impugnación contra el acuerdo que alteró las medidas de seguridad y protección establecidas originalmente, argumentando que el cambio no estaba debidamente justificado. La sentencia del juez refuerza esta posición al señalar que la falta de especificidad en las razones para rotar o cambiar a los elementos de seguridad pública asignados al ex mandatario viola el principio de fundamentación y motivación establecido en la Constitución.
La decisión de otorgar seguridad a Cabeza de Vaca no ha estado exenta de controversias. En 2021, legisladores locales habían aprobado reformas a la Constitución estatal para garantizar su seguridad durante seis años después de dejar el cargo de gobernador. Sin embargo, una nueva composición en el Congreso Local impulsó la «Ley Guarura», que buscaba retirarle los escoltas. Esta medida generó un acalorado debate en el que el Partido Acción Nacional (PAN) se opuso firmemente a la reducción de su seguridad.
Con esta sentencia, el ex gobernador Cabeza de Vaca podrá mantener su protección personal hasta 2028, en un caso que ha desatado intensos debates sobre la seguridad de los funcionarios públicos y su relación con la lucha contra la delincuencia organizada.
