La Junta de Supervisores del condado de San Diego declaró por unanimidad la emergencia y urgió al Gobierno Federal a hacerse cargo de atender a estos solicitantes de asilo.
Parte de los migrantes han encontrado ayuda de sus patrocinadores, las personas que los alojarán y se harán cargo de sus gastos mientras tramitan asilo, pero muchas otras familias permanecen por días a la intemperie.
La frontera de México y Estados Unidos experimenta en los últimos días una nueva ola masiva migratoria que ha saturado ciudades de California, Texas y Arizona, y que llevó al Gobierno mexicano a comprometerse el fin de semana con Estados Unidos a deportar estos migrantes en su territorio.
La Patrulla Fronteriza no ha respondido solicitudes de la prensa, pero a mediados de septiembre informó a organizaciones civiles que había comenzado a dejar grupos de migrantes en las calles para despejar sus instalaciones, que estaban colapsadas.
La Junta pidió al gobierno federal que designe recursos y personal para ayudar a los solicitantes de asilo y conectarlos con sus patrocinadores y destinos finales para evitar las liberaciones en las calles.
Subrayó además su oposición a los traslados de solicitantes de asilo desde otros estados y jurisdicciones.
El condado enviará una carta detallada al Gobierno federal sobre las necesidades específicas de las organizaciones no gubernamentales locales y las comunidades, según la declaración bipartidista.
