Doce años después de los terribles eventos que tuvieron lugar en Ciudad Victoria, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido una resolución que establece la responsabilidad de seis elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en un caso de tortura y lesiones a un individuo detenido en relación con la masacre de migrantes ocurrida en 2011 en San Fernando.
La CNDH emitió la recomendación 125VG/2023 el 3 de junio de 2021, como resultado de la queja presentada por la víctima, en la que se detallaban horribles actos de tortura sufridos durante su detención. La recomendación está dirigida a la Secretaría de Marina, instándola a colaborar en la apertura de investigaciones formales contra los seis marinos implicados.
Además, la recomendación exige a la Semar reparar el daño causado a la víctima, proporcionar atención psicológica y someter a todo su personal a cursos de derechos humanos para prevenir futuros incidentes similares.
Según el testimonio de la víctima, el 16 de abril de 2011, un grupo de marinos llegó a su domicilio en Ciudad Victoria, irrumpió por la fuerza y lo trasladó a un rancho. Durante el arresto, le vendaron los ojos con cinta, lo golpearon mientras lo interrogaban, lo amenazaron con matarlo y lo obligaron a sujetar un arma larga. Además, le colocaron una bolsa en la cabeza mientras le apuntaban con un rifle, todo esto mientras le exigían información relacionada con la muerte de migrantes en San Fernando.
En su defensa, los marinos argumentaron que estaban llevando a cabo operaciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada y que habían detenido a tres individuos armados en flagrancia cerca de la residencia de la víctima.
La CNDH, después de analizar pruebas, informes y dictámenes de integridad física y medicina forense, concluyó que existen suficientes elementos para acreditar que la víctima fue sometida a actos de tortura por parte de al menos seis elementos de la Semar. La comisión considera que estos marinos, al ser identificables por haber suscrito la puesta a disposición del detenido, fueron responsables de garantizar su integridad y seguridad personal durante su retención y traslado.
Este caso resalta la importancia de proteger los derechos humanos en todas las operaciones de seguridad y subraya la necesidad de que las instituciones gubernamentales tomen medidas efectivas para prevenir la tortura y los abusos en situaciones similares.
