El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, presentó una solicitud de juicio político en contra del juez Crescencio Contreras Martínez; lo acusa de favorecer a grupos criminales que operan en la frontera norte.
“Se presentó una solicitud de juicio político para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución”, se lee en el comunicado que entregó Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, a la Cámara de Diputados.
Sin presentar pruebas, el gobierno de México aseguró que existen elementos para señalar que el actuar del juez no fue apegado a los principios constitucionales y legales porque ha sostenido criterios que permitieron la liberación de “objetivos generadores de violencia en agravio del interés público”.
“En el marco de los trabajos del Gabinete de Seguridad se tuvo conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país y a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México”.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el juez liberó a los presuntos secuestradores de 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas así como a personas involucradas en el tráfico de fentanilo.
“Se puede señalar que hubo, de parte del juzgador federal, desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces”, se lee en el documento.
De acuerdo con su ficha curricular, es licenciado en Derecho por el Centro Universitario de Ixtlahuaca, (1996-2001). También cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal, en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal; un doctorado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal y otra maestría en Competencia Constitucional y Ordinaria, en la Escuela Federal de Formación Judicial.
Ha sido oficial judicial en el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México; oficial judicial en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; actuario, secretario ejecutivo y oficial administrativo en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, así como juez de distrito especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Baja California Sur, con residencia en la Paz, juez de distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Guerrero, con Sede en Acapulco. Desde 2017 es juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Tamaulipas.
La solicitud del gobierno federal se da en medio de las fuertes críticas que Andrés Manuel López Obrador ha realizado en contra del Poder Judicial.
El pasado 22 de enero, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), reprochó la decisión de una jueza de otorgar libertad a ocho militares presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa y, nuevamente, criticó al Poder Judicial.
Acusó que el Poder Judicial liberó a los militares por una motivación política para “favorecer la hipótesis de que se protege al Ejército”, por lo que pedirá a la FGR que se soliciten nuevas órdenes de aprehensión en contra de los militares.
“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”, indicó en un comunicado.
Este 5 de febrero, el mandatario enviará un paquete de reformas en el que incluye cambios en el Poder Judicial, uno de ellos, según el propio mandatario, es cambiar la manera en que se designa a los ministros, magistrados y jueces.
