La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha respaldado la facultad de los congresos estatales mexicanos para tener la última palabra en procedimientos de desafuero contra gobernadores por delitos federales. Esta decisión, que fue propuesta por la ministra Margarita Ríos Farjat, se basa en la reforma constitucional de Tamaulipas que permitió al Legislativo estatal no homologar la declaración de procedencia del Congreso de la Unión y que, en su momento, blindó al entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El debate en el pleno de la SCJN destacó la importancia de preservar el federalismo mexicano y las libertades de los congresos estatales en casos de desafuero. Ríos Farjat enfatizó que, en casos de investigaciones penales, los funcionarios podrán ser procesados una vez que concluyan su mandato.
La decisión de la SCJN también afecta a otros estados del país, como Chiapas, Morelos, Nayarit y Sinaloa, que también tienen la opción de no homologar decisiones de la Cámara de Diputados. Sin embargo, algunas ministras, como Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, expresaron preocupación por la posible impunidad que esta medida podría generar para los funcionarios en proceso de desafuero.
