El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió reducir hasta en un 50% las multas impuestas a partidos políticos y candidatos por gastos de campaña no comprobados y no reportados. Las sanciones que inicialmente sumaban más de 1,400 millones de pesos fueron ajustadas a 785 millones 626 mil 236 pesos, según anunció el consejero Jorge Montaño en una sesión extraordinaria marcada por la controversia.
Motivos de la Reducción
La sesión extraordinaria del INE estuvo caracterizada por el señalamiento de fallas y omisiones en la fiscalización, con un Consejo General dividido. Originalmente, las multas propuestas ascendían a 1,430 millones de pesos para los siete partidos que compitieron el 2 de junio. Sin embargo, tras un receso de cuatro horas, se aprobó una nueva propuesta con sanciones reducidas a la mitad.
Ajustes y Falta de Exhaustividad
Además, 61 expedientes fueron devueltos a la Unidad Técnica de Fiscalización debido a la falta de exhaustividad en sus resoluciones originales, lo que podría modificar nuevamente las cifras finales.
División en el Consejo General
El Consejo General del INE mostró divisiones respecto a la severidad de las sanciones. Algunos consejeros, como Dania Ravel y Martín Faz, expresaron su desacuerdo con la reducción de las multas del 150% al 100% para gastos no reportados, argumentando que esta medida no disuade adecuadamente las infracciones.
Casos Específicos y Controversias
- Movimiento Ciudadano fue sancionado por una rifa de celulares no reportada.
- Morena fue disculpado por un evento en el que se regalaron electrodomésticos, ya que no se pudo comprobar que el candidato fuera el responsable directo.
- Nancy Serna, influencer, fue reportada como entrenadora deportiva en un evento de campaña, lo que resultó en una multa mínima.
Necesidad de Reformas
Los consejeros Jorge Montaño, Carla Humphrey y la presidenta Guadalupe Taddei abogaron por una reforma en materia de fiscalización para incorporar nuevos criterios y abordar asuntos no regulados.
Esta decisión del INE refleja la complejidad de la fiscalización electoral en México y destaca la necesidad de una mayor claridad y rigor en los procesos de control de gastos de campaña.