La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de decreto en materia de simplificación orgánica con 22 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención. El presidente de la comisión, Juan Ramiro Robledo, informó que el dictamen será turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que sea la próxima Legislatura la encargada de someterlo a discusión y votación en el pleno.
El 23 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales discutió una reforma que propone modificaciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, centrada en la simplificación orgánica. La iniciativa busca devolver las atribuciones de varios organismos autónomos a las dependencias federales que originalmente contaban con dichas facultades.
Entre los organismos que se verían afectados por esta reforma están el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
El 26 de febrero, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), señaló que durante décadas se crearon órganos constitucionales autónomos bajo la premisa de que su independencia garantizaría mejores decisiones técnicas y mayor regulación del mercado. No obstante, Alcalde afirmó que esto no se ha traducido en mayor independencia ni mejor desempeño, sino en un aumento del gasto, duplicación de funciones y pérdida de la rectoría del Estado en el diseño de sus políticas y planes.
La reforma ha generado un debate intenso, pues los opositores argumentan que podría afectar la autonomía de los órganos reguladores, mientras que los defensores aseguran que permitirá una administración más eficiente y una mejor coordinación en la implementación de políticas públicas.
