La controvertida reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que busca la elección de jueces mediante sufragio popular, avanzó este lunes al ser aprobada tanto en lo general como en lo particular en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Con 22 votos a favor por parte de Morena y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 17 en contra de la oposición, la iniciativa fue aprobada en lo general. En lo particular, el resultado fue de 22 votos a favor y 18 en contra.
La reforma contempla la celebración de elecciones judiciales y una reconfiguración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Entre sus puntos clave se incluye la celebración de dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, siendo la primera de carácter extraordinario en junio de 2025.
Además, en la discusión en lo particular, se aprobó la introducción de la figura de los «jueces sin rostro», una medida que ha generado polémica.
La propuesta, parte de un paquete de reformas presentado en febrero pasado por López Obrador, también busca reducir de 11 a 9 el número de ministros de la SCJN, además de acortar su mandato de 15 a 12 años. Igualmente, se plantea la eliminación de la pensión vitalicia para los actuales y futuros ministros de la Corte, y un ajuste a sus sueldos al nivel máximo permitido para el presidente de México.
Otro aspecto relevante es la propuesta de reemplazar el Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevas instituciones, entre ellas un Tribunal de Disciplina Judicial, y eliminar las dos salas actuales de la Suprema Corte.
El oficialismo planea someter la reforma a votación en el pleno en septiembre, cuando contará con los dos tercios del Congreso necesarios para modificar la Constitución, tras los comicios del 2 de junio.
A pesar de la inminente aprobación, los partidos de oposición, entre ellos el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, han manifestado su rechazo debido a los riesgos que ven para la autonomía judicial.
El diputado del PAN, Héctor Téllez, calificó la reforma como una «violación» a la independencia del Poder Judicial, además de considerarla una vulneración al principio de separación de poderes y una «cooptación» del Poder Judicial. En su intervención, instó a reformular el dictamen para abordar las deficiencias existentes en el sistema de justicia y fortalecer la carrera judicial.
Por su parte, Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, señaló que la oposición tiene «grandes motivos» para votar en contra, argumentando que la reforma no es «ni democrática, ni justa, ni prudente», y representa un «riesgo» para el Estado mexicano.
Diversos organismos e instituciones han expresado su preocupación por los efectos de esta reforma en el ámbito político, económico y social del país. La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, reiteró este lunes su preocupación por las «amplias» repercusiones que podría tener la reforma en la independencia judicial en México.
Asimismo, Estados Unidos y Canadá han advertido sobre el impacto negativo que podría tener en la confianza de los inversionistas, mientras que calificadoras como Fitch y entidades financieras como CitiBanamex y Morgan Stanley han alertado sobre los riesgos de aprobar estas reformas propuestas por el presidente, particularmente la del Poder Judicial.
