Ante la casi nula respuesta del Crede en Altamira para garantizar que se transparenten los recursos en la secundaria general No. 2, Joaquín Contreras Cantú, madres de familia recurrieron a Derechos Humanos, con la esperanza de encontrar eco a sus demandas.
Entrevistado al respecto el abogado y activista social, Fredy Torres Mar, señaló que un grupo de mamás acudieron a las oficinas de Derechos Humanos para pedir su intervención, toda vez que en el Crede no recibieron el apoyo esperado y lejos de garantizarles que se les daría seguimiento al caso, les exigieron copias del INE de cada uno de los papás que firmaron para que se haga una auditoría y se destituya a la directora Leticia Miranda.
«Acudimos a la Comisión de Derechos Humanos, ellos van a dictar las medidas legales, para proteger sus derechos a la educación gratuita, y que a todos se les inscriba, paguen o no paguen».
Dijo que además les aseguraron que iniciarán las investigaciones por la hoja membretada, en dónde indican el número de cuenta bancaria para que paguen la «cuota voluntaria», que les dará el derecho de inscribir a sus hijos.
«A quienes integran la mesa directiva, se les dejará en claro que los convenios celebrados con los padres de familia no tienen carácter obligatorio, es decir, si quieren lo cumplen, si no, no debe afectar en nada».
Comentó que las madres de familia no están dispuestas a dar un paso atrás en la lucha de lo que es su derecho, a que les rindan cuentas claras de en que se gasta cada peso que ingresa al plantel.
