En lo que va de la actual administración, un total de 33 servidores públicos han sido sancionados por diversas irregularidades, de los cuales 24 han recibido inhabilitación y 9 han sido amonestados. Las sanciones afectan a funcionarios de diferentes niveles, incluidos directores, subdirectores, jefes de departamento y directores generales.
Además de estas sanciones, la contraloría gubernamental ha abierto aproximadamente 2,600 expedientes por presunta responsabilidad administrativa. De estos, 120 ya han concluido la fase de investigación, resultando en la emisión de informes de presunta responsabilidad administrativa. Entre estos, 11 expedientes, correspondientes a faltas graves, han sido turnados al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución.
Las conductas sancionadas se relacionan principalmente con el incumplimiento de la normatividad en el ejercicio de sus funciones. En casos de faltas graves, las denuncias han sido presentadas ante las fiscalías correspondientes, quedando en sus manos la valoración de las pruebas y la eventual imposición de sanciones penales.
Este proceso refleja el compromiso de la administración actual por garantizar la legalidad y transparencia en el ejercicio del servicio público.