A solo 24 horas de su aprobación en el Senado de la República, la reforma judicial ha sido procesada y avalada por 18 congresos locales, cumpliendo con los requisitos para su validación por el Ejecutivo federal.
La iniciativa, aprobada por mayoría calificada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, requería el respaldo de al menos 17 legislaturas estatales para convertirse en oficial. Con el aval de 18 congresos, la reforma al Poder Judicial ya puede continuar su proceso hacia la promulgación.
Tamaulipas fue uno de los estados clave en este proceso, donde el Congreso local ratificó la reforma con 19 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención. La aprobación en Tamaulipas fue significativa, ya que se produjo en medio de intensos debates y posturas divididas entre los partidos, lo que reflejó la importancia del cambio en la estructura del Poder Judicial. El estado se suma a los otros 17 que dieron luz verde a la propuesta en tiempo récord.
El Congreso de Oaxaca fue el primero en aprobar la iniciativa, convocando a una sesión extraordinaria donde se avaló por unanimidad. Sin embargo, el voto a favor de la diputada Natividad Díaz generó controversia, llevándola a ser expulsada del Partido Acción Nacional (PAN).
En Colima, la aprobación se dio con 18 votos a favor y cinco en contra, a pesar de las protestas en las inmediaciones del recinto. En Tabasco, la medida se discutió en una sesión extraordinaria, siendo avalada con 24 votos a favor.
En Veracruz, la iniciativa fue aprobada con 32 votos a favor y 11 en contra, mientras que en Quintana Roo, horas después de su aprobación en el Senado, también recibió el visto bueno del Congreso local.
Algunas legislaturas enfrentaron manifestaciones y tensiones, como en Baja California Sur y Yucatán, donde se llevaron a cabo sesiones extraordinarias en medio de críticas y oposición. No obstante, la mayoría de los congresos locales lograron aprobar la reforma con resultados favorables.
Entre los estados que también avalaron la reforma se encuentran Nayarit, Baja California, Durango, Puebla, Sinaloa, Campeche, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Zacatecas.
La reforma judicial contempla modificaciones profundas a 18 artículos constitucionales, adiciona seis y deroga varias fracciones de cinco artículos. Los cambios más relevantes incluyen la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, además de reducir a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un mandato de 12 años en lugar de los actuales 15.
Se espera que el proceso de renovación del Poder Judicial finalice con las elecciones de 2027, lo que marcará una transformación significativa en el sistema judicial del país.
