En una jornada legislativa de más de ocho horas, el Senado de la República aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra la reforma constitucional que transfiere el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La decisión, respaldada por Morena y sus aliados, contó con el voto a favor del aún panista Miguel Ángel Yunes Márquez, lo que provocó el rechazo del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes señalaron que esta acción consolida la militarización del país.
La reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, modifica varios artículos de la Constitución, entre ellos el 21, que ahora otorga a la GN facultades para investigar delitos, bajo la supervisión del Ministerio Público. Según el dictamen, la Guardia Nacional será definida como una fuerza de seguridad pública con personal de origen militar y formación policial, dependiente de la Sedena.
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, criticó duramente la reforma, señalando que constituye la militarización de la seguridad pública. «Esto es el último clavo en el ataúd de la seguridad civil», afirmó. Por su parte, el panista Ricardo Anaya argumentó que la militarización no ha mejorado la seguridad, destacando que los homicidios han aumentado drásticamente desde la llegada del actual gobierno.
Por otro lado, Citlalli Hernández, senadora de Morena, defendió la reforma al asegurar que no vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, mientras que Omar García Harfuch, también de Morena y próximo secretario de Seguridad Pública, comparó la estructura de la GN con cuerpos de seguridad exitosos en otros países, como los Carabinieri de Italia y la Gendarmería de Francia.
La oposición, representada por el senador Marko Cortés, acusó al gobierno de abusar de su mayoría en el Congreso y de recurrir a tácticas cuestionables para asegurar la aprobación de la reforma. Cortés calificó el sexenio de López Obrador como el «sexenio de la muerte», aludiendo a los altos índices de violencia en el país.
La reforma ya fue aprobada previamente por la Cámara de Diputados y ahora será enviada a los congresos estatales para su ratificación. Esta es una de las últimas iniciativas del actual sexenio que busca consolidar el control militar sobre la Guardia Nacional, una medida que ha generado controversia tanto en el ámbito político como entre la sociedad.
