La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este miércoles una contundente denuncia sobre el uso abusivo de la fuerza durante el estado de excepción en El Salvador. En un informe detallado, la CIDH solicita al gobierno del presidente Nayib Bukele que ponga fin a este régimen de excepción, argumentando que «no puede convertirse en una política de seguridad permanente».
Desde la declaración del estado de excepción el 27 de marzo de 2022 hasta principios de noviembre de 2023, al menos 73,000 personas han sido detenidas, con la mayoría enfrentando prisión preventiva, según el informe de la CIDH. El organismo, parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), documenta numerosas violaciones a los derechos humanos, que incluyen detenciones ilegales y arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y abusos graves en el uso de la fuerza.
El informe destaca preocupaciones sobre «la demora en el control judicial de las detenciones», el «abuso en la imposición de la prisión preventiva», así como las «audiencias judiciales masivas» y restricciones al derecho a una defensa justa. Además, la CIDH reporta que existe información que sugiere la posible muerte de entre 189 y 200 personas bajo custodia.
El gobierno salvadoreño, liderado por Bukele desde 2019, ha defendido el estado de excepción como una medida crucial para combatir la violencia de pandillas, afirmando que el informe de la CIDH presenta «problemas metodológicos» y una «falta de transparencia». Bukele ha sido el artífice de una estrategia de mano dura que ha llevado a la detención de decenas de miles de presuntos pandilleros.
La CIDH argumenta que las mejoras en la seguridad reportadas por el Estado sugieren que la situación de emergencia ha sido superada, y que no hay justificación para mantener la suspensión de derechos y garantías. En su informe, el organismo insta a El Salvador a «restablecer los derechos» y a adoptar un enfoque integral para abordar la criminalidad, sin recurrir a medidas excepcionales de forma continua.
En respuesta, el comisionado presidencial de Derechos Humanos de El Salvador, Andrés Guzmán, manifestó que el gobierno «analizará» las recomendaciones de la CIDH y gestionará cualquier posible violación a través de los mecanismos institucionales establecidos. Guzmán también cuestionó la credibilidad del informe, señalando que la CIDH y la ONG Cristosal, una de las principales fuentes del informe, reciben financiamiento de las mismas entidades, lo que, según él, plantea un «conflicto de interés».
La comunidad internacional sigue atenta al desarrollo de la situación en El Salvador, donde el debate sobre el balance entre seguridad y derechos humanos continúa siendo un tema central.
