Este jueves, los familiares de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, desaparecidos y presuntamente asesinados en 2014, saldrán a las calles para reclamar «la verdad» en el décimo aniversario de un suceso que sacudió a todo México.
El caso, una de las peores violaciones a los derechos humanos en un país marcado por la violencia, se ha convertido en símbolo de las desapariciones forzadas en México, donde se estima que más de 100,000 personas han desaparecido.
«Diez años después, aún estamos lejos de conocer la verdad y de hallar a los estudiantes», expresó Vidulfo Rosales, abogado que representa a las familias.
A pocos días de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México, el próximo 1 de octubre, se espera que miles de personas, entre familiares, estudiantes y manifestantes, marchen por la Ciudad de México, exigiendo justicia con el grito de «¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!».
Durante esta década, la búsqueda de los restos de los jóvenes y la verdad sobre los responsables ha sido el enfoque principal en un país donde la violencia ha cobrado más de 450,000 vidas desde 2006. Hasta el momento, sólo se han identificado los restos de tres de los estudiantes que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Las familias han criticado duramente al presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, cercano a Sheinbaum, por no haber cumplido su promesa de encontrar a los demás jóvenes. «Este presidente nos mintió. Este presidente nos engañó», denunció María Elena Guerrero, madre de uno de los estudiantes, durante un acto conmemorativo.
Por su parte, Hilda Hernández, madre de otro desaparecido, señaló que las autoridades están «intentando desgastar a los padres», esperando que abandonen la lucha. Sin embargo, afirmó: «A pesar de los intentos de dividir y desacreditar, los padres siguen incansablemente exigiendo verdad, justicia y rendición de cuentas».
En respuesta a las críticas, López Obrador defendió sus esfuerzos para esclarecer el caso en una carta enviada esta semana a las familias, donde destacó el enjuiciamiento de 151 personas, entre ellas 16 militares, y el encarcelamiento de 120 implicados. También mencionó la realización de búsquedas en múltiples sitios. «No existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los estudiantes», subrayó el mandatario en su conferencia de prensa del miércoles, asegurando que los altos mandos militares han cooperado con la investigación.
Los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una comunidad conocida por su activismo político, desaparecieron cuando viajaban en autobuses rumbo a una manifestación en la Ciudad de México, para conmemorar la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.
Las investigaciones sugieren que los jóvenes fueron secuestrados por un cártel del narcotráfico con la complicidad de la policía local, aunque los detalles exactos de lo ocurrido siguen siendo inciertos. La «verdad histórica» presentada en 2015 por el gobierno de Enrique Peña Nieto fue ampliamente desacreditada, especialmente la versión de que los cuerpos fueron incinerados en un basurero.
En 2022, una comisión de la verdad impulsada por el gobierno de AMLO calificó el caso como un «crimen de Estado», indicando que los militares sabían lo que ocurría y tenían información en tiempo real sobre el secuestro y desaparición de los estudiantes. Además, se planteó que los jóvenes podrían haber tomado sin saberlo un autobús que contenía drogas, lo que provocó el ataque del cártel.
Este martes, manifestantes expresaron su frustración frente al Senado, lanzando petardos en protesta. «Para muchos de nosotros, estos 10 años representan impunidad, injusticia y falta de compromiso y avances en la investigación», declaró Melitón Ortega, tío de uno de los estudiantes desaparecidos.
