En una medida histórica para combatir la corrupción en el país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este jueves la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Este organismo, que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública (SFP), tiene como objetivo reducir los sobornos que, según estimaciones, representaban el 4.5% del valor de los contratos públicos antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular de la nueva dependencia, Raquel Buenrostro, destacó que esta estrategia busca implementar un enfoque más transversal en todos los organismos del gobierno federal y estatal. “Acabar con la corrupción ha permitido mayores recursos públicos; el crecimiento de estos ha sido histórico en esta Cuarta Transformación”, afirmó.
Buenrostro, conocida como la ‘dama de hierro’ por su trabajo en la austeridad y fiscalización, resaltó que durante el gobierno de López Obrador, la tasa de actos de corrupción en trámites disminuyó un 11.2% de 2019 a 2023. Asimismo, la percepción de la población sobre la frecuencia de prácticas corruptas cayó a un “mínimo histórico” del 83.1%.
La nueva Secretaría plantea un cambio en la estrategia anticorrupción, pasando de un enfoque correctivo a uno preventivo. Esto incluirá la dignificación de la carrera del servidor público, acompañamiento preventivo y modernización de la administración pública para hacerla más eficiente y menos susceptible a la corrupción.
Además, se buscará consolidar compras públicas transparentes y fomentar la proveeduría nacional, mientras que en el ámbito anticorrupción se fortalecerá la cultura de la denuncia tanto en el sector público como en el privado.
“Tenemos que hacer que violar la ley sea más caro que cumplirla”, enfatizó Buenrostro, destacando la importancia de aumentar las penalizaciones para disuadir el incumplimiento de contratos.
En los primeros 100 días, la nueva Secretaría se enfocará en la reestructuración de la administración pública federal, la supervisión de proyectos clave como el Tren Maya y el sector salud, así como en reformas a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras para ahorrar hasta un 70% mediante subastas de contratos públicos.
Con esta iniciativa, el gobierno mexicano busca fortalecer la transparencia y confianza en la administración pública, un paso más hacia la erradicación de la corrupción en el país.
