Los ataques con drones explosivos por parte de grupos criminales están causando estragos en Tamaulipas, con eventos recientes como el ocurrido el 13 de noviembre en la carretera San Fernando-Reynosa, donde un agente de la Guardia Estatal resultó herido. En otro incidente, el 16 de octubre en Río Bravo, un artefacto impactó una patrulla, dejando cuatro heridos, uno de ellos fallecido, marcando un grave precedente en la región.
Ante esta creciente amenaza, las autoridades han intensificado las medidas de seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública y la Sedena han implementado tecnología antidrones para localizar e inhibir dispositivos antes de que provoquen daños. En lo que va del año, se han asegurado siete drones armados en Reynosa y Matamoros, pero las estrategias deben evolucionar para hacer frente a estas innovaciones del crimen organizado.
Los riesgos no se limitan a los drones. También se han detectado minas terrestres en rutas rurales, utilizadas como trampas por los delincuentes. Estos artefactos, encontrados en municipios como Reynosa y San Fernando, representan un peligro latente para civiles y autoridades, lo que ha llevado a redoblar esfuerzos en patrullajes y vigilancia.
Pese a los desafíos, Tamaulipas lidera el uso de drones para vigilancia, con más de 8,790 patrullajes en 2023. Sin embargo, la necesidad de recursos adicionales y estrategias más avanzadas es evidente, ya que los avances tecnológicos del crimen organizado exigen una respuesta constante y coordinada entre las instituciones de seguridad.
