Este martes 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó por unanimidad las acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos de oposición contra la reforma judicial, que fue promulgada en septiembre de 2023. Los partidos PRI, PAN y Movimiento Ciudadano habían impugnado la reforma ante la Corte, argumentando que vulneraba la Constitución y otorgaba un poder excesivo al Ejecutivo. Sin embargo, los ministros determinaron que dichos partidos sí tenían legitimidad para presentar estas demandas, pero finalmente, la mayoría del pleno de la Corte votó a favor de la validez de la reforma, descartando su invalidez.
La reforma judicial, que fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, establece, entre otras medidas, restricciones para que ciudadanos y partidos políticos puedan presentar juicios de amparo o controversias constitucionales contra reformas aprobadas. Esta disposición ha sido uno de los puntos más controversiales de la reforma, ya que limita el acceso a la justicia en temas de interés público. El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que buscaba anular parcialmente la reforma, no contó con el respaldo necesario dentro de la Corte. De acuerdo con González Alcántara, la reforma había invadido competencias del poder judicial y, por tanto, debía ser revisada a fondo.
Durante la sesión, varios ministros expresaron sus posturas sobre el alcance de la reforma y su posible impacto en el sistema judicial del país. La ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que los partidos políticos carecían de legitimidad para impugnar normas constitucionales a través de estas acciones, mientras que el ministro Alberto Pérez Dayán rechazó la propuesta de invalidar la reforma, argumentando que la intervención de los partidos podría generar interpretaciones sesgadas. A pesar de las tensiones y manifestaciones en las inmediaciones de la Corte, la votación final reafirmó la constitucionalidad de la reforma, lo que representa una victoria para el gobierno federal y marca un paso crucial en la consolidación de las reformas impulsadas por la administración actual.
