Un total de 14,672 niñas mexicanas, de entre 9 y 14 años, quedaron embarazadas tras sufrir abuso sexual entre enero de 2023 y septiembre de 2024, según denunció la organización Equifonía en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Adriana Fuentes, coordinadora de la agrupación, alertó sobre la falta de garantías para que las menores accedan a la interrupción legal del embarazo, derecho protegido por normativas como la Norma 046 y la Ley General de Víctimas.
“En lugar de informarles sobre sus opciones, los servicios médicos solo les ofrecen control prenatal y ácido fólico, lo que constituye una omisión grave de sus derechos”, señaló Fuentes.
Impactantes cifras de nacimientos
En 2023 se registraron 8,386 partos de niñas, siendo Chiapas el estado con más casos (863), seguido por el Estado de México (802) y Veracruz (605). En los primeros nueve meses de 2024, se contabilizaron 6,286 nacimientos, con Chiapas nuevamente a la cabeza (665).
Los datos, recopilados por Equifonía a partir de estadísticas de la Secretaría de Salud, revelan un problema persistente en un país que lidera los índices de embarazo infantil en la OCDE.
El protocolo oficial exige que los hospitales notifiquen estos casos a las fiscalías y procuradurías de protección infantil, pero activistas denuncian que la mayoría de los médicos solo realizan controles prenatales, ignorando el contexto de violencia sexual detrás de estos embarazos.
“Cada embarazo en menores de 15 años es producto de violencia sexual. Forzar a una niña a ser madre equivale a tortura”, destacó Fuentes, subrayando que los agresores suelen duplicar o triplicar la edad de sus víctimas.
Desde 2015, el gobierno implementó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, con el objetivo de erradicar los embarazos infantiles y reducir a la mitad la tasa de fecundidad adolescente para 2030. Sin embargo, las cifras recientes evidencian la lejanía de esta meta.
Fuentes instó a las instituciones a tomar decisiones que prioricen la salud y los derechos de las niñas víctimas, evitando que sean responsabilizadas por una situación que pone en riesgo su vida y su futuro.
«Es urgente un cambio real para proteger a nuestras niñas», concluyó.
