El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, sorprendió al país este martes al declarar la ley marcial, una medida extrema que incluye la clausura del Parlamento, la prohibición de actividades políticas y protestas, así como la censura de los medios de comunicación.
La orden fue anunciada por el general Park An-su, encargado de aplicar la ley, quien especificó que todas las actividades políticas, incluidas las de la Asamblea Nacional, consejos locales, partidos y asociaciones políticas, quedaban “estrictamente prohibidas”. También informó que los medios de comunicación estarían bajo control militar, restringiendo cualquier difusión contraria al sistema democrático liberal.
Desde su llegada al poder en mayo de 2022, el presidente Yoon ha enfrentado una oposición constante por parte de la Asamblea Nacional, dominada por partidos rivales. En esta ocasión, Yoon acusó a sus opositores de “paralizar el Gobierno” y ser «simpatizantes de Pyongyang», argumentando que la medida era necesaria para restaurar el orden.
La declaración llega en medio de una disputa por el presupuesto nacional y tras acusaciones de la oposición de que el mandatario buscaba imponer la ley marcial como estrategia para evitar un posible juicio político.
Según la legislación surcoreana, aunque el presidente puede decretar esta medida, la Asamblea Nacional tiene la facultad de revocarla mediante votación. Hasta el momento, no está claro si Yoon acatará una eventual decisión parlamentaria.
Esta es la undécima vez en la historia moderna de Corea del Sur que se declara la ley marcial. Los casos más recientes se remontan a los regímenes autoritarios de Park Chung-hee y Chun Doo-hwan, quienes utilizaron esta herramienta para sofocar la oposición y consolidar su poder, dejando un legado de violaciones a los derechos humanos, como la masacre de Gwangju en 1980.
La medida ha intensificado las tensiones políticas en el país, que ha transitado de un pasado autoritario hacia una democracia consolidada en las últimas décadas. Analistas advierten que esta acción podría erosionar la confianza en las instituciones democráticas y marcar un retroceso histórico en el sistema político de Corea del Sur.
