El pleno de la Cámara de Diputados dio luz verde a una reforma constitucional que prohíbe la producción, comercialización y distribución de vapeadores, cigarrillos electrónicos, sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, incluyendo el uso ilícito de fentanilo. La iniciativa, que modifica los artículos 4 y 5 de la Constitución, fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada con 410 votos de Morena, PT, PVEM, PAN y PRI, mientras que Movimiento Ciudadano votó en contra.
Durante la discusión, la diputada Iraís Virginia Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, generó controversia al vapear en la tribuna. «Voy a vapear antes de que Morena y el oficialismo limiten nuestras libertades», declaró, argumentando que las políticas de prohibición históricamente han fallado y fomentan mercados ilícitos. Sugirió que, en lugar de prohibir, sería más efectivo regular la calidad de los productos, restringir su acceso a menores y destinar impuestos a campañas de salud pública.
Por otro lado, Alejandro Domínguez, del PRI, justificó su apoyo a la reforma al señalar la gravedad del problema de adicciones en México, especialmente por el impacto del fentanilo, una droga que ha provocado un aumento en los casos de consumo en el norte del país.
Diputados como Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, criticaron la inclusión de productos como vapeadores en la misma reforma que aborda el fentanilo, calificándola de imprudente. Afirmó que estos dispositivos son menos dañinos que los cigarros tradicionales y que su regulación sería más efectiva que su prohibición.
En contraste, Gerardo Ulloa, de Morena, defendió la reforma, argumentando que el uso de vapeadores representa un riesgo comprobado para la salud y acusó a los opositores de priorizar intereses económicos sobre el bienestar de la población.
Juan José Cicerón Lee, representante de la organización «México y el Mundo Vapeando», advirtió que la prohibición podría abrir la puerta al mercado negro, generando productos de menor calidad y facilitando el acceso de menores de edad a los dispositivos. Además, señaló que esta medida contradice una jurisprudencia de la Suprema Corte que califica de inconstitucional la prohibición de comercializar vapeadores.
La reforma establece que el Congreso de la Unión deberá ajustar las leyes secundarias en un plazo de 180 días, mientras que los congresos estatales tendrán un año para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.
Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, desde 2009 se han multiplicado los laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, y entre diciembre de 2018 y marzo de 2022, el gobierno aseguró más de 13 millones de pastillas de fentanilo.
