Una organización ilícita, integrada por empleados del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores, ha sido señalada por defraudar a trabajadores mediante el otorgamiento de múltiples créditos sobre una misma vivienda, según informó el director del instituto, Octavio Romero.
Durante una conferencia en Palacio Nacional, Romero detalló que esta problemática se ha identificado en 21 estados del país. Hasta el momento, se han detectado 12 mil créditos otorgados sobre 1,400 viviendas, que llegaron a ser vendidas hasta cuatro veces al año, lo que representa un fraude estimado en más de 1,200 millones de pesos.
El esquema criminal afecta directamente a los derechohabientes, ya que les quitan hasta el 40% de sus ahorros para vivienda. Además, acusó que ni la Comisión de Vigilancia ni el Comité de Auditoría del Infonavit tomaron medidas para evitar estas irregularidades.
Caso Telra y proyectos inconclusos
Romero recordó el caso de la empresa Telra Realty, contratada por 100 millones de pesos para desarrollar una plataforma digital, que, a pesar de incumplir, recibió 5 mil millones de pesos como compensación. También señaló la existencia de 22 proyectos habitacionales aprobados que no se han concluido, acumulando deudas por 575 millones de pesos, además de 18 desarrolladores que deben 768 millones de pesos al instituto, sin haber construido una sola vivienda.
Reforma al Infonavit para combatir la corrupción
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la reciente reforma al Infonavit, aprobada por el Senado, busca erradicar estas prácticas corruptas, fortalecer la transparencia y garantizar un manejo adecuado de los recursos de los trabajadores.
“La nueva legislación establece una estructura que asegura dirección y control claros sobre los ahorros de los trabajadores, proporcionando certeza de que no serán mal utilizados”, afirmó Sheinbaum.
Con esta reforma, se otorgarán mayores facultades al director del Infonavit y se permitirá la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación, además de garantizar que los recursos se destinen exclusivamente a construir viviendas asequibles y eficaces para los trabajadores.
Asimismo, se investigarán a los funcionarios actuales y pasados que hayan estado involucrados en estas irregularidades, con la finalidad de aplicar sanciones administrativas y penales correspondientes.