El Senado de la República aprobó con 86 votos a favor y 39 en contra una reforma constitucional que busca prohibir y sancionar actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores, fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas. La medida fue criticada por la oposición, que señaló que esta reforma tiene un trasfondo político destinado a enviar un mensaje al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
La reforma contempla cambios al artículo cuarto constitucional, que establece la sanción a toda actividad vinculada con la producción, distribución y venta de sustancias tóxicas, precursores químicos, uso ilícito del fentanilo y dispositivos como vapeadores.
Además, el artículo quinto constitucional prohíbe cualquier profesión, industria, comercio o actividad relacionada con cigarrillos electrónicos y dispositivos similares.
Durante la discusión, la oposición votó a favor en lo general, pero se manifestó en contra de varios puntos particulares. Legisladores criticaron que se equipare el uso de vapeadores con el tráfico de fentanilo y señalaron que la medida podría limitar libertades individuales.
La senadora priista Carolina Viggiano propuso una reserva para sustituir la prohibición por una regulación, argumentando que una medida prohibitiva podría agravar el problema. Sin embargo, su propuesta fue rechazada.
Por su parte, la bancada de Movimiento Ciudadano, liderada por la senadora Amalia García, votó en contra en lo general y particular. García recordó los efectos negativos del prohibicionismo, comparándolo con la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, que impulsó el crecimiento del crimen organizado.
Enrique Insunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, defendió la reforma al señalar que no solo protege la salud pública, sino que también contribuye a fortalecer la seguridad y combatir al crimen organizado.
“La reforma deja un claro testimonio de la posición del Estado mexicano en la protección y bienestar de la ciudadanía en el ámbito internacional”, afirmó Insunza.
El dictamen ahora será enviado a las legislaturas locales para lograr su aprobación y ratificación como parte de la Constitución Mexicana.
Mientras tanto, el debate sobre la efectividad de esta reforma sigue abierto, con críticos y defensores divididos sobre el impacto real que estas medidas tendrán en la salud, la seguridad y las libertades de los ciudadanos.
