Con la llegada del lunes, día de la investidura presidencial de Donald Trump, la frontera entre México y Estados Unidos ha visto un fuerte incremento en las medidas de seguridad. Este viernes, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) instalaron alambres de púas y bloques de concreto en los cruces fronterizos cercanos a Ciudad Juárez, Chihuahua, en un claro refuerzo de los controles migratorios en la región.
El puente Paso del Norte/Santa Fe, que conecta con El Paso, Texas, fue uno de los puntos donde se concentró la operación. Los cruces vehiculares fueron suspendidos por aproximadamente 40 minutos mientras los agentes realizaban maniobras de seguridad, que incluyen el montaje de barreras físicas, un esfuerzo que, según la CBP, comenzó en 2019 como parte de su plan para preparar a los oficiales ante posibles incidentes.
Ciudad Juárez es una de las principales puertas de entrada a Estados Unidos para migrantes que buscan huir de la violencia, la pobreza y la inestabilidad política de sus países. En este contexto, los comerciantes de la zona han señalado un aumento significativo en estos cierres de cruces, especialmente ahora que Trump regresa a la presidencia con la promesa de intensificar las deportaciones de migrantes indocumentados.
“Es el segundo cierre que me toca esta semana”, comentó Yadira Martínez, usuaria del cruce internacional, quien se mostró afectada por las maniobras y cierres temporales.
A pesar de estos despliegues, la zona sigue siendo uno de los puntos clave para el ingreso legal de migrantes que desean solicitar asilo a través de la aplicación móvil CBP One, la cual les permite obtener permisos de residencia y trabajo mientras esperan respuesta. Sin embargo, Trump ha prometido eliminar este mecanismo, lo que podría aumentar los cruces clandestinos, según analistas.
Ante la amenaza de una deportación masiva, el gobierno mexicano se prepara para recibir a los migrantes deportados, especialmente en ciudades fronterizas como Tijuana, donde la alcaldía ya ha declarado una «emergencia» para hacer frente a la situación. A finales de enero, se prevé la instalación de albergues temporales para acoger a los deportados, aunque las autoridades mexicanas han señalado que solo recibirán a sus ciudadanos, y no a los migrantes de otras nacionalidades como los venezolanos y centroamericanos, que conforman la mayor parte de los migrantes en la región.
