El gobierno de Tamaulipas ha destinado una cifra de hasta 8 millones 880 mil pesos para obtener información que permita ubicar a 10 delincuentes de alto perfil, considerados como objetivos prioritarios por las autoridades locales. Estos individuos, algunos de los cuales han permanecido prófugos durante más de cinco años, han sido responsables de generar un clima de violencia en diversas regiones del estado.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado ha dado a conocer una lista de 24 personas que forman parte de los más buscados en la entidad. Por cada uno de ellos, se ofrecen diferentes montos de recompensa, que oscilan según la gravedad de los delitos que se les imputan, tales como homicidio, secuestro y delincuencia organizada. Sin embargo, en la mencionada lista de objetivos prioritarios, las recompensas varían entre los 250 mil y los 2 millones de pesos, dependiendo de la relevancia del individuo y la información que se pueda proporcionar para su captura.
Líderes delincuenciales en la mira
Entre los delincuentes más destacados de esta lista se encuentran: Jorge Luis Chávez Hernández, alias “El Flako”; Valentín Martínez García, conocido como “El Ferraz”; Josti Emiliano Gutiérrez Olazán, “Comandante Josti”; Pedro Aguirre Ruiz, “El Camellón”; Pedro Aguirre Pecina, “Periquin”; Anthony Azael Vázquez, “J.J”; Andrés Zamora Casados, “El Campesino”; Marcos Cárdenas, “El Tlacua”; Luigi Pérez Flores, “El Luigi”; y Juan Carlos Rivera Velázquez, “El Mimoso”.
Recompensas y condiciones
El estado ha señalado que está dispuesto a ofrecer hasta 8.8 millones de pesos en total por dar con el paradero de estos criminales, quienes están acusados de ser responsables de actos violentos en varias zonas del estado. Entre ellos destaca el caso de Andrés Zamora Casados, conocido como “El Campesino”, por quien se ofrece la recompensa más alta. Este individuo tiene una orden de captura desde 2019 y ha permanecido en fuga durante más de cinco años. “El Campesino” es señalado como uno de los principales generadores de violencia en el municipio de Aldama, afectando gravemente la seguridad y la paz pública en la región.
Desde febrero de 2017, el gobierno de Tamaulipas ha establecido un acuerdo que autoriza al Fiscal General del Estado a ofrecer recompensas en casos excepcionales, extraordinarios y específicos. El monto máximo por cada caso es de hasta 2 millones de pesos. Cabe destacar que los servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad pública o la administración de justicia no pueden recibir estas recompensas.
