La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves 20 de febrero la ampliación de la demanda interpuesta por el gobierno mexicano contra las armadoras y distribuidoras de armas en Estados Unidos, a raíz de la reciente declaración de seis cárteles mexicanos como terroristas por parte de Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está trabajando en la expansión de esta acción legal. Explicó que, tras la resolución del Departamento de Justicia estadounidense del pasado 8 de enero, que reconoció que el 74% de las armas confiscadas en México provienen del país vecino, se considera que existe un vínculo entre los vendedores de armas y los grupos criminales que ahora han sido clasificados como terroristas.
“La SRE está trabajando en la ampliación de esta demanda, ya que debe existir una responsabilidad de quienes venden armas que son introducidas en nuestro país”, señaló Sheinbaum Pardo.
En su discurso, la presidenta subrayó que México es un país libre, independiente y soberano, y que continuará colaborando con otros países dentro del marco de sus leyes y constituciones. En ese sentido, reafirmó el compromiso del gobierno mexicano de seguir luchando contra el tráfico de armas de alto poder, una problemática que, según el gobierno de México, ha exacerbado la violencia en el país.
La cancillería mexicana, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, también sigue de cerca los avances de las demandas contra los fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos, tras el acuerdo reciente entre Sheinbaum y el presidente estadounidense, Donald Trump, para frenar el flujo de armas hacia México. En ese contexto, el consultor jurídico de la SRE, Pablo Arrocha, se reunió con Jonathan Lowy, presidente de Global Action Against Gun Violence, y con Steve Shadowen, abogado de México en este litigio.
Recientemente, Arrocha supervisó en Washington la preparación de la audiencia programada para el 4 de marzo en la Corte Suprema de Estados Unidos, en la cual se evaluará si las empresas demandadas gozan de inmunidad, a pesar de que sus actividades facilitan el tráfico ilegal de armas hacia México.
El equipo legal de la Cancillería también discutió los próximos pasos en el litigio en Arizona, que ha avanzado positivamente para México, acercándose a una nueva fase de recopilación de pruebas.
Cabe recordar que esta demanda es parte de una estrategia integral presentada por México en 2021, cuando se presentó una primera demanda en Boston, Massachusetts, contra ocho empresas fabricantes y distribuidoras de armas, con el objetivo de frenar el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano.
