La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este miércoles que la decisión sobre el desafuero del legislador morenista y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, es una atribución exclusiva del Congreso de la Unión.
Durante la conferencia matutina conocida como la ‘Mañanera del Pueblo’, la mandataria subrayó que, aunque no conoce a fondo las pruebas del caso, siempre respaldará a las mujeres, pero enfatizó la necesidad de contar con evidencia suficiente en acusaciones como la que enfrenta el exfutbolista.
“No conozco las pruebas, lo que hubieran tenido. Es una decisión del Congreso. Sí es importante, más allá de revisar en todo caso cuáles fueran las pruebas, el contexto, es importante. Repito, siempre vamos a apoyar a las mujeres, eso no está en duda, pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como este”, declaró Sheinbaum.
El pronunciamiento de la presidenta surge un día después de que la Cámara de Diputados desechara, con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, la solicitud de desafuero contra Blanco Bravo, acusado de presunto abuso sexual en grado de tentativa por su media hermana.
Sheinbaum rechazó tajantemente dichas versiones. “Una cosa es que haya diputados de otro partido que hayan votado por equis tema, no es una alianza. ¿Cómo creen que va a haber una alianza con el PRI? Imagínense, lo que diría el pueblo”, afirmó, descartando cualquier pacto político con el tricolor.
Sobre la denuncia contra Blanco, la presidenta llamó a revisar el caso a fondo y cuestionó el origen de la acusación, así como la actuación de las autoridades involucradas. “¿De dónde viene la denuncia que le hacen al exgobernador? ¿Quién la hizo? ¿Qué fiscalía? ¿Ese fiscal de Morelos qué característica tenía? Era un encubridor de feminicidios, con muchos casos de corrupción”, señaló, refiriéndose a la necesidad de analizar el contexto y la credibilidad de las instancias que llevan el proceso.
Aunque defendió el apoyo irrestricto a las mujeres, Sheinbaum insistió en que cualquier resolución debe basarse en pruebas sólidas, dejando en manos del Congreso la responsabilidad de haber mantenido la protección jurídica del legislador. El caso de Cuauhtémoc Blanco sigue generando controversia, mientras el gobierno federal se mantiene al margen de la decisión legislativa.
