Después de casi seis meses de que el rancho Izaguirre fuera asegurado por la Guardia Nacional, y tras la denuncia de colectivos de búsqueda de desaparecidos, las autoridades federales y estatales finalmente iniciaron una investigación sobre este sitio en Teuchitlán, Jalisco, conocido como campo de adiestramiento y exterminio del crimen organizado.
El rancho fue descubierto el 18 de septiembre de 2024, luego de un enfrentamiento con presuntos criminales. Allí, la GN halló a dos personas privadas de libertad, a 10 presuntos plagiarios y a una persona sin vida. Sin embargo, no fue sino hasta diciembre de ese mismo año que el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, tras recibir el testimonio de un sobreviviente, encontró crematorios clandestinos y pertenencias de cientos de personas en el lugar.
A pesar de las evidencias, las autoridades locales, encabezadas por el entonces gobernador Enrique Alfaro, minimizaron el caso. No fue sino hasta marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores compartió imágenes virales de cientos de zapatos abandonados, que las autoridades comenzaron a prestar atención. Indira Navarro, líder del colectivo, acusó a las autoridades de querer ocultar la magnitud del hallazgo.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que la magnitud del caso sugiere que las autoridades locales estaban al tanto, y el gobernador actual, Pablo Lemus, se deslindó de responsabilidades al señalar que el hallazgo ocurrió antes de su administración.
En los últimos años, Jalisco ha sido escenario de varios hallazgos similares, como en Las Navajas (2017) y Tepatitlán (2019), sin que se haya hecho una investigación transparente. La falta de comunicación entre las autoridades y los colectivos de búsqueda genera incertidumbre sobre lo que realmente sucede en estos sitios.
Los colectivos exigen que las autoridades informen y continúen con las investigaciones sobre los restos encontrados, ya que las respuestas hasta el momento han sido insuficientes y llenas de omisiones.
