La presidenta Claudia Sheinbaum presentó reformas para la creación de una Plataforma Única de Identidad, cuyo objetivo será concentrar los datos de la población y mejorar los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas. Entre las principales modificaciones, se establece que la Clave Única de Registro de Población (CURP), ahora denominada Certificado, incluirá fotografía y huellas dactilares de todos los mexicanos y personas extranjeras con estatus legal en el país.
Según la iniciativa, la CURP como identificación oficial deberá comenzar a operar en los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma. Asimismo, se obliga al Instituto Nacional Electoral (INE) a compartir información y permitir consultas en casos de investigación.
En el contexto de casos como el del rancho Izaguirre, Sheinbaum reafirmó el compromiso de su administración con la búsqueda de desaparecidos y la protección de sus familias. Para ello, se reforzará la Comisión Nacional de Búsqueda y se crearán nuevas plataformas de información sobre personas desaparecidas. Dichos sistemas integrarán datos proporcionados por el gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías, además de información financiera, de transporte, salud, paquetería y registros patronales.
La presidenta anunció también que la próxima semana se presentará un informe sobre desapariciones con el fin de clarificar la magnitud de este problema. «Nosotros tenemos la responsabilidad, como gobierno, de atender el problema de la desaparición, y lo estamos atendiendo y lo vamos a seguir atendiendo», declaró.
Las reformas establecen la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación y de un Banco Nacional de Datos Forense, el cual será conformado por la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Este banco permitirá vincular en tiempo real la información de cuerpos en morgues.
Además, los datos asociados a cada CURP serán transmitidos por las autoridades que registren o recaben información para tareas de búsqueda. En este sentido, el INE estará obligado a permitir consultas en las tareas de investigación del Gabinete de Seguridad.
Las reformas también establecen que los sujetos obligados a compartir información incluyen instituciones vinculadas con servicios financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, educación, paquetería, registros patronales y seguridad social, así como cualquier institución pública o privada que solicite identificación oficial para prestar sus servicios.
La vicecoordinadora de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Berenice Luna, subrayó que el Congreso debe atender el problema del reclutamiento forzado de menores para el crimen organizado. Recordó que su partido presentó una iniciativa para imponer penas más severas a quienes involucren niños y jóvenes en actividades delictivas.
Por otro lado, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, exigió la creación de una comisión especial para analizar lo ocurrido en Teuchitlán, Jalisco, con el objetivo de evitar que se repitan atrocidades similares. Asimismo, instó al gobierno federal a aceptar la colaboración de expertos internacionales en la atención de este tema.
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