Varios abogados han interpuesto apelaciones colectivas ante la Junta de Protección de Sistemas de Mérito (MSPB, por sus siglas en inglés) en defensa de miles de trabajadores federales despedidos por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.
Según Christopher Bonk, socio del despacho jurídico Gilbert Employment Law, ya se han presentado múltiples apelaciones contra diversas agencias federales, y se prevé interponer al menos 15 más en nombre de los trabajadores despedidos. Estas apelaciones buscan que los empleados sean reinstalados y reciban el pago retroactivo correspondiente.
Las demandas argumentan que los despidos no fueron decisiones individuales, sino reducciones masivas de personal que deben cumplir con normativas específicas. Según las regulaciones, las agencias gubernamentales deben considerar la antigüedad, el rendimiento y el estatus de veterano de los empleados antes de efectuar despidos. Además, la ley exige un aviso con 60 días de antelación en estos casos, una medida que, según los abogados, la administración de Trump ignoró deliberadamente.
«El gobierno de Trump ha evadido las leyes que rigen estos procedimientos, causando confusión y daño al servicio civil», declaró Bonk en una conferencia de prensa.
Donald Trump ha defendido los despidos argumentando que forman parte de una estrategia para eliminar fraudes, despilfarros y excesos de personal en el gobierno federal. Junto con su asesor Elon Musk, del Departamento de Eficiencia Gubernamental, han ordenado despidos tanto de empleados en periodo de prueba como de trabajadores de carrera, instruyendo a las agencias a planificar reducciones masivas de personal.
Los empleados en periodo de prueba han sido particularmente afectados, ya que no cuentan con la protección completa del servicio civil. A muchos se les informó que eran despedidos por bajo rendimiento, sin previo aviso ni indemnización.
Daniel Rosenthal, socio del bufete James & Hoffman, denunció que los despidos violaron múltiples regulaciones y disposiciones constitucionales.
«No hubo aviso previo, no hubo indemnización y no se evaluaron las capacidades ni el rendimiento de los empleados», afirmó.
Allison Keating, ex empleada del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, es una de las miles de trabajadoras despedidas que ahora enfrentan dificultades económicas.
«Soy solo una de las muchas personas que se encuentran en esta devastadora situación. La pérdida de tantos empleados públicos afectará a toda la sociedad a largo plazo», advirtió Keating.
Paralelamente, Trump intentó remover a Cathy Harris, presidenta de la MSPB y nominada por el expresidente Joe Biden. No obstante, un juez federal dictaminó que Trump no puede destituirla arbitrariamente, lo que representa un obstáculo en su intento de controlar la junta encargada de supervisar las decisiones laborales en el gobierno federal.
