El 6 de abril, familiares y amigos de Sara lamentaron su fallecimiento, víctima de una brutal agresión que la dejó atrapada en una trampa mortal. Este trágico evento resalta la violencia creciente contra la población trans en Colombia, que sigue siendo una de las más vulnerables. Según la Defensoría del Pueblo, en 2024 hubo un aumento del 29,6% en los casos de violencia hacia personas transgénero y no binarias, con 258 incidentes reportados entre enero y octubre. La Fiscalía también registró 26 homicidios de personas trans el año pasado.
A pesar de avances legales en el reconocimiento de los derechos de las personas trans, las barreras estructurales, como la discriminación en salud y justicia, persisten. La Defensoría ha instado al Gobierno a fortalecer las políticas de protección, con propuestas como la implementación del CONPES-LGBTIQ+ y la actualización de la Política Pública Nacional LGBTI.
Además, se urgió la creación de un mecanismo integral para prevenir y atender la violencia y discriminación hacia la población LGBTIQ+, dada la falta de capacitación de las autoridades, lo que perpetúa la impunidad. El caso de Sara es un recordatorio doloroso de la urgente necesidad de cambios para proteger a esta comunidad.
