El Congreso local denunció una posible cadena de corrupción continuada en los juzgados federales de Reynosa, orientada a prolongar el manto de impunidad en favor del exgobernador Francisco Javier “N”. Por ello, solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para evitarlo.
Los diputados morenistas Magaly Deándar Robinson y Armando Zertuche Zuani presentaron sendos proyectos de acuerdo en ese sentido, los cuales fueron aprobados con dispensa de trámite, por 28 votos a favor y 4 en contra.
En la exposición de motivos se explicó que, luego de que los anteriores titulares de los Juzgados Séptimo y Octavo de Distrito fueron removidos bajo acusaciones de actuar parcialmente en favor del exgobernador de Tamaulipas, uno de ellos, Faustino Gutiérrez Pérez —quien recientemente abrió una agencia distribuidora de autos nuevos—, se presentó como abogado del exgobernador. Por su parte, su esposa, Piedad del Carmen Hernández Ávila, asumió la magistratura dentro del Primer Tribunal Colegiado, participando en otras actuaciones para impedir la acción de la justicia contra Francisco Javier “N”, incurriendo en un claro conflicto de interés y otras violaciones jurídicas.
El Pleno del Poder Legislativo aprobó el Proyecto de Punto de Acuerdo presentado por la diputada Guillermina Magaly Deándar Robinson, cuyo objetivo es garantizar la imparcialidad y la correcta aplicación de la justicia en el juicio de amparo 417/2024, promovido por el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El exhorto va dirigido al juez Séptimo de Distrito, Fidel Gallegos Figueroa, instándolo a resolver el caso en estricto apego a los principios de imparcialidad y legalidad, evitando presiones o complicidades con el exgobernador y sus abogados, en el compromiso de que su actuación sea supervisada por el Consejo de la Judicatura Federal.
El segundo Proyecto de Punto de Acuerdo exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación a remover a la C. Piedad del Carmen Hernández Ávila, secretaria en funciones de magistrada, debido a su intervención en un asunto en el que se encontraba impedida, al ser su esposo el representante legal del exgobernador.
Asimismo, se solicitó que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, dé curso a la recusación presentada por el Ministerio Público de la Federación en relación con el proceso mencionado.
Los proyectos de decreto fueron aprobados por mayoría de votos, con la finalidad de asegurar una resolución justa y objetiva en los casos relacionados con el exgobernador, y de fortalecer la lucha contra la impunidad en el ámbito judicial.
