El Instituto Nacional Electoral (INE) debatirá este miércoles un proyecto que ordena la revisión de los 3 mil 414 aspirantes que participan en la elección judicial, con el fin de verificar que no hayan incurrido en conductas violentas o delitos graves que los inhabiliten para ocupar un cargo público.
La propuesta contempla la revisión de sentencias firmes por delitos como homicidio, violencia sexual, violencia familiar, violación a la intimidad, violencia política de género y por incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. El objetivo es asegurar que quienes aspiren a un cargo cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución y en la legislación electoral.
El tema ha generado nuevamente divisiones dentro del Consejo General del INE. Un grupo de consejeros respalda que esta verificación debe hacerse no solo en el registro de candidaturas, sino también al calificar la elección, apoyados en una jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El proyecto plantea un mecanismo de recepción de denuncias hasta el 12 de mayo, ya sea en línea o de manera presencial, además de requerir una declaración firmada por los candidatos, bajo protesta de decir verdad, de que no se encuentran en ninguno de los supuestos de inelegibilidad.
La investigación se llevará a cabo durante mayo y los resultados deberán estar listos tres días antes de la jornada electoral, para que puedan ser considerados en la etapa de asignación de cargos.
Por su parte, otros consejeros, incluida la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, consideran que esta tarea compete al Tribunal Electoral una vez concluidos los cómputos oficiales.
Mientras tanto, ya fue distribuido el proyecto de acuerdo que busca establecer el procedimiento para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales por parte de los candidatos.
