El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un nuevo mecanismo de control para los 3,414 aspirantes a jueces, magistrados y ministros que participarán en el proceso electoral de junio. De acuerdo con este filtro, cualquier candidato que tenga antecedentes comprobados de delitos, especialmente relacionados con violencia, perderá su derecho al cargo, incluso si resulta electo.
La medida surge tras señalamientos de organizaciones civiles y abogados, quienes alertaron sobre el historial dudoso de varios postulantes. Entre las acusaciones destacan casos de presunto abuso, vínculos con figuras polémicas y conductas inapropiadas que podrían comprometer la integridad del sistema judicial.
El catálogo de delitos que será considerado incluye actos de violencia de género, corrupción, abuso de autoridad y otros que afecten la ética del ejercicio público. Si se comprueban, el INE tendrá la facultad de anular su triunfo electoral y apartarlos del proceso.
